Una coalición de 19 organizaciones de derechos civiles, encabezada por la Electronic Frontier Foundation, exige al gobernador de Nueva York que vete el proyecto de ley conocido como Stealth Crawler Prohibition Act. La norma, que obliga a los rastreadores web a revelar su identidad y propósito, es cuestionada por amenazar la privacidad digital, el periodismo independiente y la arquitectura abierta de internet. El debate trasciende fronteras: en América Latina, donde el scraping anónimo sostiene investigaciones de interés público, el antecedente neoyorquino encendió alertas.
El proyecto Senate Bill 9934A avanzó en la legislatura de Nueva York bajo la premisa de proteger a los medios de comunicación locales del impacto económico de los bots que recopilan su contenido. Sin embargo, su alcance es mucho más amplio. La norma exigiría que cualquier rastreador web automatizado revele quién lo opera y con qué fin, y facultaría a los medios a solicitar citaciones judiciales para desanonimizar el tráfico automatizado, incluso sin probar daño alguno ni conducta indebida. Para las organizaciones firmantes, eso convierte una herramienta cotidiana y legítima en una actividad potencialmente criminalizada.
Rastreadores anónimos: mucho más que bots de scraping
Los llamados “stealth crawlers” son programas que acceden a páginas web públicas sin identificarse como tales ante el servidor. Lejos de ser exclusivos de actores maliciosos, son la columna vertebral de proyectos de alto valor social. La EFF los utiliza, por ejemplo, en Privacy Badger, su herramienta de bloqueo de rastreadores publicitarios. El medio de periodismo de datos The Markup los empleó para documentar cómo Amazon prioriza sus propias marcas sobre productos de competidores mejor calificados, identificándose ante los servidores como un navegador Firefox ordinario para obtener los mismos resultados que vería cualquier usuario. Si la ley neoyorquina hubiera estado vigente, esa investigación podría haber quedado expuesta a demandas o directamente archivada.
La coalición que firmó la carta a la gobernadora Kathy Hochul advierte que la norma “deanonimiza y criminaliza el acceso automatizado a la web abierta” sin exigir ninguna demostración de perjuicio concreto. El estándar propuesto por el proyecto —revelar identidad y propósito explícito— resulta incompatible con la forma en que operan la investigación periodística, la vigilancia de ciberseguridad y la academia, todas actividades que requieren, en distintos grados, operar sin revelar sus métodos al sujeto investigado.
El riesgo para el periodismo que la ley dice proteger
La paradoja central del proyecto es que, al pretender defender a los medios locales, podría terminar silenciando al periodismo de investigación que más depende de estas herramientas. Los outlets con recursos pueden contratar acceso a datos vía APIs o acuerdos comerciales. Los medios pequeños e independientes, por el contrario, suelen apoyarse en el rastreo anónimo para acceder a información pública que, de otra forma, estaría fuera de su alcance. Obligarlos a identificarse ante el servidor equivale, en algunos casos, a alertar al sujeto investigado antes de publicar la historia.
“Esta legislación daña la libre expresión y establece un precedente peligroso al deanonimizar y criminalizar efectivamente el acceso automatizado a la web abierta, amenazando la privacidad digital y comprometiendo la arquitectura fundacional de internet.”
— Carta conjunta de EFF y 18 organizaciones de derechos civiles, dirigida a la gobernadora Kathy Hochul
Resonancias en América Latina
El debate neoyorquino no es ajeno a la región. En América Latina, el scraping de fuentes públicas es una práctica extendida entre equipos de periodismo de datos, organismos de control fiscal y organizaciones de la sociedad civil que monitorean compras públicas, precios de medicamentos o contaminación ambiental. Marcos como la Ley 25.326 de Argentina, la LGPD de Brasil y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) de México regulan el tratamiento de datos personales, pero ninguno prohíbe el acceso a información pública disponible en la web abierta. Si un estándar similar al neoyorquino se instalara como referencia legislativa en la región, podría colisionar con garantías de acceso a la información pública y con el derecho a la privacidad de quienes investigan, no solo de quienes son investigados.
Colombia, Chile y Perú se encuentran en distintas etapas de modernización de sus marcos de protección de datos. En ese contexto, legislar sobre rastreo web sin distinguir entre actores maliciosos y herramientas legítimas podría generar un efecto de congelamiento normativo que inhiba prácticas de investigación valiosas. La presión de los grandes medios para proteger su contenido frente a la IA generativa es legítima, pero los instrumentos elegidos importan: una ley que deanonimiza el acceso a la web pública no es una ley de derechos de autor, es una ley de vigilancia.
El trasfondo: contenido periodístico e IA generativa
Detrás del proyecto neoyorquino subyace la tensión no resuelta entre la industria de medios y las empresas de inteligencia artificial que entrenan sus modelos con contenido periodístico sin compensación. Esa disputa es real y merece respuesta legislativa. Sin embargo, las organizaciones firmantes señalan que la Stealth Crawler Prohibition Act es un instrumento demasiado amplio para un problema acotado: afecta por igual al bot de OpenAI y al investigador independiente que verifica si una empresa contamina un río. La solución a la crisis del financiamiento periodístico no puede ser construida sobre la erosión de las herramientas que hacen posible el periodismo de datos.
Si Nueva York aprueba esta ley, sentará un precedente que otros legisladores —también en América Latina— podrían replicar sin medir sus consecuencias para la investigación periodística y la transparencia pública.
