El Comité de Comercio del Senado de Estados Unidos votará esta semana cuatro proyectos de ley que buscan regular el acceso de menores a internet: KOSA, la SCREEN Act, la Youth AI Privacy Act y la CHATBOT Act. Según advirtió la Electronic Frontier Foundation (EFF), las normas propuestas no solo no protegen eficazmente a niños y adolescentes, sino que crearían nuevos problemas de privacidad y restricciones de contenido que afectarían a todos los usuarios, incluidos los adultos. El debate anticipa una tendencia regulatoria que ya resuena en América Latina.
Los cuatro proyectos comparten un eje común: imponer sistemas de verificación de edad en plataformas digitales. La lógica es intuitiva —si los menores no pueden acceder a ciertos espacios sin acreditar su edad, estarían más protegidos de contenidos nocivos— pero la EFF señala que la premisa tiene una trampa técnica difícil de ignorar: verificar la edad implica recolectar más datos de todos los usuarios, no menos. En una carta enviada al comité, la organización argumentó que estas leyes empujan en la dirección contraria a la protección de la privacidad.
Cuatro leyes, un mismo problema de diseño
La Kids Online Safety Act (KOSA) obliga a las plataformas a adoptar medidas de seguridad para menores, pero según se informó, en versiones anteriores del texto esas obligaciones podían derivar en supresión de contenido legal. La SCREEN Act extiende requisitos de verificación de edad más allá de sitios para adultos, con implicancias que la EFF calificó como amenaza a la privacidad en sentido amplio. La Youth AI Privacy Act apunta a los sistemas de inteligencia artificial que interactúan con menores, introduciendo restricciones sobre recolección de datos en esos contextos, aunque con disposiciones que —según el análisis de la EFF— generan paradojas en su implementación. La CHATBOT Act, por su parte, busca que los chatbots se identifiquen como no humanos frente a audiencias jóvenes, pero impone un modelo de crianza único que no contempla la diversidad de configuraciones familiares.
Para la EFF, el problema de fondo no es la intención sino el método: en lugar de avanzar hacia una ley federal de privacidad del consumidor —que protegería a todos los usuarios con independencia de su edad— o hacia una prohibición de la publicidad conductual que financia el ecosistema de vigilancia comercial, el Congreso estaría optando por soluciones que amplían la recolección de datos bajo el paraguas de la protección infantil.
El modelo de “verificación de edad” ya tiene historia en la región
La discusión estadounidense no ocurre en el vacío para América Latina. Brasil sancionó en 2023 modificaciones a su Marco Civil da Internet y reforzó en la LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) las restricciones al tratamiento de datos de menores de 18 años, exigiendo consentimiento parental verificable. En Argentina, la Ley 25.326 no contempla explícitamente el entorno digital para menores, una brecha que el proyecto de actualización de la norma —todavía sin aprobación parlamentaria— intenta cubrir. En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio ha señalado que el tratamiento de datos de niños y adolescentes requiere autorización de sus representantes legales, pero la verificación efectiva de esa condición en plataformas masivas sigue sin solución técnica clara.
El nudo que enfrenta el Senado de EE.UU. es exactamente el mismo que deberá resolver la región: cualquier mecanismo de verificación de edad que funcione a escala implica construir una infraestructura de identificación de usuarios que, si no está regulada con precisión, se convierte en un sistema de vigilancia generalizada. La discusión sobre quién administra esos datos, por cuánto tiempo y con qué propósitos es inseparable del diseño de estas leyes.
El fondo del debate: ¿protección o restricción?
Más allá de los textos específicos, el bloque de legislación impulsado en el Comité de Comercio refleja una tensión que los reguladores latinoamericanos también conocen bien: la presión política para “hacer algo” frente al daño digital a menores suele traducirse en medidas que afectan la arquitectura de privacidad de toda la red. La EFF propone un camino alternativo —privacidad universal, prohibición de rastreo conductual— que tiene menos atractivo mediático pero mayor coherencia técnica y jurídica.
Los países de la región que están en proceso de actualizar sus marcos de protección de datos —Argentina, Perú, Ecuador— tienen una ventana para incorporar esa lógica desde el diseño normativo, en lugar de replicar el modelo de verificación de edad con sus consecuencias no deseadas. La experiencia europea con el GDPR y su tratamiento diferenciado de datos de menores ofrece referencias, aunque tampoco resuelve completamente el problema de la verificación a escala.
Lo que se vote esta semana en Washington no vincula a ningún país de la región, pero sí establece un precedente sobre qué tipo de soluciones están dispuestas a aceptar las democracias cuando la protección infantil colisiona con la privacidad de todos.
