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Por Daniel Monastersky – www.danielmonastersky.com

La semana pasada me escribió un DPO senior de una entidad financiera de la región. Le habían ofrecido un puesto en una compañía global, contratación remota desde su país, y no sabía cuánto pedir. Tenía siete años de experiencia, certificaciones internacionales, dirigía un equipo de cinco personas y había liderado dos auditorías regulatorias complejas. Su pregunta era simple: “¿Cuánto cobra alguien como yo, hoy, en este mercado?” La respuesta honesta es incómoda: nadie lo sabe con certeza.

Esa conversación se repite cada semana. Un CISO recién promovido que negocia su nuevo contrato. Una empresa que abre una posición de Data Governance Officer y no encuentra referencias confiables para armar la oferta. Un equipo de prevención de fraudes que quiere retener a sus analistas y descubre, demasiado tarde, que el mercado los paga el doble. Un abogado especializado en AI & Legal Tech que duda si quedarse o sumarse a una firma del exterior que le triplica el ingreso en dólares.

Detrás de cada una de esas conversaciones hay un problema estructural que llevamos años postergando: el ecosistema de privacidad, gobierno de datos, ciberseguridad y prevención de fraudes en América Latina no tiene un estudio de mercado propio. Los relevamientos de los estudios jurídicos miden abogados. Los de recursos humanos miden talento general. Los de ciberseguridad miden seguridad. Nadie mira fraude. Y absolutamente nadie cruza, sobre un mismo dataset, lo que pasa con la remuneración, la demanda, la escasez de skills, las modalidades de trabajo y el impacto real de la inteligencia artificial sobre nuestros perfiles.

El resultado es predecible: profesionales que negocian a ciegas, empresas que arman bandas salariales por intuición, equipos que pierden gente por no entender la varianza que introdujo el trabajo remoto internacional. Porque ese es el elefante en la habitación que casi nadie mide bien: la diferencia entre cobrar de un empleador local y cobrar de un empleador del exterior, en remoto, en dólares. Esa única variable explica buena parte de la dispersión salarial que hoy define al ecosistema regional. Y, sin embargo, no aparece en ningún estudio serio.

Por eso, desde DGL TALENT —el brazo de talento de Data Governance Latam— estamos produciendo, en alianza con el CECyD | Centro de Estudios en Ciberseguridad y Datos de la Universidad Austral, el primer relevamiento regional que mide, sobre un mismo dataset, remuneración y condiciones de mercado del ecosistema completo de profesionales que protegen, gobiernan y defienden el dato en América Latina.

Cinco verticales, una sola investigación: Privacidad, Gobierno de Datos, Ciberseguridad, AI & Legal Tech, y Prevención de Fraudes y Crimen Financiero. Toda la pirámide, del analista junior al C-level. Sin recortes ejecutivos, sin sesgos sectoriales: el mercado completo, medido con rigor académico y la profundidad que solo da el cruce con la práctica.

Esta investigación se inscribe en una agenda institucional que venimos consolidando desde hace más de un año. En el CECyD de la Austral ejercemos la co-dirección junto a Pedro Adamović desde marzo de 2025, con el objetivo de posicionar al centro como el espacio de referencia regional en investigación aplicada sobre estos cinco verticales. En esa misma línea, Facundo Malaureille Peltzer asume como Coordinador del área de Privacidad, sumando una de las trayectorias más respetadas de la región en protección de datos. Y Sofia Mónaco se incorpora como Head de DGL.TALENT, liderando desde la práctica una vertical de búsqueda y consultoría especializada que hoy no tenía equivalente en LATAM. El estudio es, precisamente, el primer gran output que articula esa agenda académica con la práctica de mercado.

La metodología es exigente y la distribución también. La base se construye a través de los canales de los socios de DGL.TALENT y de la comunidad de más de 1500 profesionales formados con CECyD · Universidad Austral, con un objetivo de muestra de 400 a 600 respuestas válidas —el umbral necesario para producir cortes confiables por rol y por país—. La encuesta es completamente anónima y la investigación va a producir cuatro entregables a partir de ese único dataset: una Salary Guide LATAM con rangos por rol, seniority y país; un benchmark de remuneraciones transversal; un informe de mercado que cruce movilidad, demanda, skills críticos e impacto de la IA; y capítulos verticales específicos para DPO, CISO, Data Governance Officer, AI & Legal Tech y Prevención de Fraudes.

Vale la pena detenerse en lo que esto significa. Hasta hoy, nadie en América Latina había medido a este ecosistema como un todo. No existía la conversación. Se discutía, eso sí: en pasillos, en grupos de WhatsApp, en negociaciones a puertas cerradas. Pero no había evidencia. No había un dataset compartido que permitiera, por ejemplo, demostrar la brecha entre empleadores locales y empleadores internacionales en remoto, o cuantificar cuánto vale realmente una certificación, o entender cuál es el techo salarial real de un DPO en Argentina, México o Colombia.

Por primera vez, lo va a haber. Y va a estar producido desde adentro del ecosistema —no desde una consultora generalista que llega a esto desde afuera—, con la doble pertenencia académica y profesional que exige una investigación de esta naturaleza.

Hace años que discutimos, sin saberlo, sobre datos que no existen. La novedad no es que ahora vayamos a tener una opinión más informada. La novedad es que vamos a tener, por primera vez, los datos.

Por Daniel Monastersky – www.danielmonastersky.com

Hubo un momento, hace ya muchos años, en que me di cuenta que el camino que había elegido no terminaba en un escritorio.

Para entender ese momento hay que retroceder un poco más. Fui a la ORT, y aunque entonces no podía saberlo, ahí empezó todo lo que vino después. En esa época me imaginaba ingeniero electrónico: el plan era construir cosas, entender cómo funcionaban por dentro, vivir cerca de la tecnología desde el lugar más concreto posible. El plan cambió —los caminos rara vez son rectos—, pero ese chip nunca se desactivó. Cuando años después llegué al derecho informático, no llegué desde el derecho buscando aplicarlo a la tecnología: llegué desde alguien que siempre había mirado la tecnología y, en algún momento, encontró que el derecho era una herramienta para incidir sobre ella.

Había empezado, entonces, como abogado especializado en derecho informático y privacidad.

Me recibí en 2004 y, casi sin pausa, fundé Techlaw. Era uno de los primeros estudios jurídicos de la región dedicados exclusivamente al derecho informático y a las nuevas tecnologías. Suena lindo dicho hoy. En ese momento era, sobre todo, una apuesta a contramano. El mercado no existía, los clientes no sabían todavía que necesitaban a alguien que se dedicara a esto, y la mayoría de mis colegas pensaba que estaba invirtiendo tiempo en un nicho que “tal vez” iba a importar en algún futuro lejano.

Hubo años de remar sin viento favorable, de explicar lo mismo veinte veces, de iniciar conversaciones que terminaban en silencio porque del otro lado nadie entendía de qué les estaba hablando.

Pero mi mesa de trabajo se llenaba, lenta pero sostenidamente, de casos donde el problema no era estrictamente jurídico: era humano. Una persona expuesta. Una empresa sin políticas. Un dato que viajaba sin permiso. Y entendí algo simple, pero que me cambió la práctica entera: por más fina que fuera la respuesta legal que pudiera dar, sin formación, sin comunidad y sin medios que tradujeran lo que estaba pasando, el derecho llegaba siempre tarde.

Esa lectura me empujó a un terreno que un abogado promedio probablemente no hubiera pisado: el de los medios. A los dos o tres años de Techlaw lancé identidadrobada.com, un sitio de noticias sobre robo de identidad, fraude y ciberseguridad en una época en la que casi nadie cubría sistemáticamente esos temas en Argentina. Empezó muy chico. Hubo períodos en los que escribía prácticamente para nadie. Pero, de a poco, la conversación encontró audiencia, y de ahí salió la Revista Identidad Robada en formato impreso, que llegó a los kioscos en un momento en el que sostener una publicación en papel sobre estos temas era casi una imprudencia. La sostuvimos igual. Más adelante vino ciberseguridadlatam.com, que se fue consolidando como plataforma editorial regional. Vistos en perspectiva, esos proyectos fueron la primera versión de algo que con los años aprendería a llamar por su nombre: una infraestructura de comunicación especializada.

En paralelo, durante esos años seguí trabajando como abogado especializado. Estudiaba, escribía, litigaba, asesoraba. Cada caso era una clase. Pero en algún momento empecé a ver el patrón: los problemas que me llegaban no eran problemas individuales, eran síntomas de un sistema que crecía mucho más rápido que su propia regulación. La privacidad ya no era un tema técnico, era un tema de poder. La ciberseguridad ya no era un tema de IT, era un tema de gobernanza. Los datos ya no eran un activo, eran el activo. Y la inteligencia artificial recién empezaba a aparecer en el horizonte.

Entre 2016 y 2018 me tocó integrar el Advisory Board del Global Forum on Cyber Expertise (GFCE), la plataforma multilateral con sede en La Haya que coordina la cooperación internacional en capacidades de ciberseguridad y que reúne a gobiernos y organismos de todo el mundo, entre ellos la OEA y el Consejo de Europa. Éramos diez personas convocadas desde la academia, la sociedad civil y la comunidad técnica para asesorar estratégicamente al organismo. No fui ahí a hablar: fui, sobre todo, a escuchar. Salí con dos cosas: la convicción de que la conversación sobre privacidad, ciberseguridad y gobernanza de datos solo iba a tener consecuencias reales si se daba en términos regionales y globales; y la incomodidad de saber que en Latinoamérica todavía teníamos mucho por construir para llegar a esa mesa con peso propio.

Esa incomodidad encontró una primera salida más rápido de lo que esperaba. En 2018, mientras todavía estaba activo en el Advisory Board del GFCE, me convocaron desde la Universidad del CEMA para desarrollar desde cero la vertical de protección de datos y ciberseguridad. No dudé un segundo. Era exactamente el tipo de espacio que venía pensando que la región necesitaba: un programa académico riguroso, en una universidad de peso, sobre temas que recién empezaban a ocupar lugar en las agendas corporativas.

Por esa misma época empezó a tomar forma otro proyecto que también terminaría de cambiar la escala. Data Governance Latam no salió de un archivo de Excel. Salió, en buena medida, de un reencuentro. Con Facundo Malaureille Peltzer nos conocíamos por la profesión desde 2006 o 2007. En esos años, cuando este campo todavía era marginal, los que estábamos cerca del tema nos cruzábamos en eventos, mesas, papers. Cada uno siguió su camino. Pero en 2019, más de una década después, volvimos a pensar en construir algo juntos. Primero fue la Diplomatura en Data Governance & Privacy. Después, cuando vimos que la fórmula funcionaba, vino DGL.

Lo que nos pasó es difícil de fabricar: dos personas que miran el mismo problema desde lugares distintos y descubren que esa diferencia, lejos de ser un obstáculo, es exactamente lo que hacía falta. DGL fue eso: un equipo —un equipo, no un titular— que combina derecho, tecnología, gobernanza y gestión de riesgo, con la convicción de que la privacidad y la ciberseguridad solo funcionan cuando se diseñan dentro de la operación, no como un anexo legal.

Pero incluso una buena consultora tiene un techo. Puede asesorar a treinta, cincuenta, cien organizaciones. Lo que no puede hacer, sola, es formar a las personas que van a tomar esas decisiones mañana. Y ahí estaba el otro problema que veíamos con claridad: la región tenía —y tiene— un déficit estructural de profesionales formados.

Lo que estamos construyendo ahora ya no es una práctica profesional. Es una plataforma. Y digo “estamos” porque no la construyo solo: la construimos un equipo de socios, docentes, egresados, colegas y partners que, cada uno desde su lugar, empujan en la misma dirección.

Una plataforma con cinco componentes que recién empiezan a conectarse del todo. Está el conocimiento, que se materializa en el CECyD | Centro de Estudios en Ciberseguridad y Datos de la Universidad Austral, Argentina, las diplomaturas, los programas ejecutivos y, ahora, el lanzamiento de DGL Academy: más de 1650 profesionales formados hasta hoy, cada uno volviendo a su organización con criterio propio. Está la comunidad: la red de egresados, la representación de ADPDados en Argentina, el Comité Académico de CyberSummit, un tejido de personas que se conocen, se consultan, se citan y se contratan entre sí. Están los medios: el podcast en Infobae, la newsletter Privacy & Cyber en Foco con más de 3500 suscriptores que eligieron uno por uno recibir contenido especializado, los aproximadamente 22000 seguidores en X. Están los servicios, con Data Governance Latam como brazo de implementación profesional. Y está el talento, con DGL TALENT, porque sin las personas correctas en los roles correctos, el resto no escala.

Mirados en conjunto, esos cinco componentes son más una promesa que una llegada. Hay piezas que funcionan, hay piezas que recién están en marcha, hay piezas que todavía no encontraron su forma definitiva. Las cifras —1650, 3500, 22000— no son números masivos, ni pretenden serlo. Son cifras de nicho: modestas en términos absolutos, valiosas en términos cualitativos. En mercados B2B como Data Governance, Privacy, Cybersecurity y AI Governance, la profundidad de la audiencia pesa muchísimo más que el volumen.

Si miro estos cinco componentes en su conjunto, hoy ya no veo una carrera profesional. Veo infraestructura. Y sé que la mayor parte del trabajo está por venir.

Si me preguntan qué sigue, la respuesta es clara: DGL Academy. Academia como nodo central. La pieza que tiene que conectar la formación con la comunidad, los medios con los servicios, y todo eso con el talento que la región necesita producir en los próximos años. Porque eso es lo que falta en la región: un lenguaje común. Hoy cada país regula a su ritmo, cada empresa interpreta como puede, cada profesional se forma por su cuenta. La fragmentación no es un problema técnico, es un problema de coordinación. Y la coordinación no se decreta: se construye, año tras año, formando, conectando, publicando, asesorando.

Si alguien me preguntara hoy quién soy profesionalmente, ya no diría “un abogado especializado en tecnología”. Esa respuesta describe a la persona que fui, no a la que soy. Hoy diría algo más cercano a esto: alguien que, junto a un equipo, intenta articular el ecosistema latinoamericano de Data Governance, Privacidad, Ciberseguridad e Inteligencia Artificial desde la academia, la formación ejecutiva, la comunidad profesional, los medios especializados y los servicios corporativos. No es una definición cómoda. No cabe en una tarjeta. Tampoco es una conquista cerrada: es, sobre todo, una dirección. Y mientras el camino tenga sentido, vamos a seguir caminándolo.

A los que están empezando, les digo: este es un campo donde la profundidad importa más que la velocidad. Estudien, escriban, escuchen, equivóquense. Y persistan. Hay años en los que la conversación parece no llegar a ningún lado, y es justo en esos años donde se construye lo que después se ve. A los que ya están dentro: este ecosistema solo crece si lo construimos juntos. La región tiene talento. Lo que falta es coordinarlo. A las organizaciones: el costo de no tomarse en serio la privacidad, la ciberseguridad y la gobernanza de datos ya no es teórico. Es contable. Es reputacional. Es operativo. Y es, sobre todo, evitable.

Y a mí mismo, dentro de unos años, cuando relea esto: el camino sigue. Lo que viene es todavía más interesante. Y, sobre todo, no estoy solo.