Nigeria endureció sus reglas de gobierno de datos para agencias del sector público, según se informó a comienzos de agosto de 2025. La medida establece requisitos formales de gestión, clasificación y responsabilidad sobre los datos que producen y custodian los organismos estatales, y coloca al país africano en una trayectoria que varios gobiernos de América Latina todavía no terminan de recorrer.
El marco regulatorio nigeriano, impulsado desde la Nigeria Data Protection Commission (NDPC), apunta a que cada agencia gubernamental designe responsables formales del dato, implemente políticas de ciclo de vida de la información y reporte con periodicidad el estado de sus activos de datos. La lógica es la misma que sostiene el DAMA-DMBOK en su área de conocimiento de Data Governance: sin ownership claro, ningún programa de calidad o seguridad puede sostenerse en el tiempo. Lo notable es que Nigeria lo está aplicando de manera top-down sobre el Estado, no solo sobre el sector privado.
El problema de fondo: datos públicos sin dueño
Uno de los patrones más documentados en auditorías de gobierno de datos del sector público es la ausencia de data stewards formalmente designados. En la práctica, los registros administrativos —padrones, bases tributarias, historiales clínicos, datos catastrales— circulan entre dependencias sin un modelo claro de ownership. El resultado es duplicación, inconsistencia y, cuando ocurre un incidente, incapacidad de reconstruir el data lineage para determinar qué se expuso y desde cuándo. La iniciativa nigeriana ataca exactamente ese nodo: fuerza a cada agencia a mapear sus activos y asignar responsabilidades concretas.
El modelo de referencia más cercano a lo que Nigeria está construyendo es el Data Management Capability Assessment Model (DCAM) del EDM Council, que estructura las capacidades de gobierno de datos en niveles de madurez medibles. En el contexto de gobierno, el nivel 3 del DCAM —donde los procesos de governance están definidos, documentados y medidos— sigue siendo aspiracional para la mayoría de los organismos públicos globales. Nigeria está intentando saltear los niveles informales e instalar ese piso de manera regulatoria.
LATAM: el sector público va a distintas velocidades
En América Latina, el panorama es heterogéneo. Brasil avanza con la LGPD (Ley 13.709/2018) y la Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) ha publicado orientaciones específicas para el tratamiento de datos por parte de organismos públicos, pero la implementación interna de programas de data governance al interior de las agencias sigue siendo desigual. En Argentina, la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales regula el tratamiento estatal, pero no existe un mandato equivalente al nigeriano que exija a cada ministerio o ente descentralizado tener un programa de gobierno de datos con ownership documentado. México, a través del INAI, ha avanzado en criterios de seguridad para datos personales en posesión del Estado, pero la dimensión de governance —más allá de privacidad— carece de un marco homogéneo entre dependencias federales y estatales.
El caso nigeriano es relevante porque muestra que es posible legislar sobre data governance sectorial con exigencias operativas concretas: designación de roles, inventario de activos, políticas de retención y mecanismos de reporte. No es solo una declaración de principios.
Qué puede hacer un CDO del sector público esta semana
Para un Chief Data Officer o responsable de gobierno de datos en una agencia pública latinoamericana, el movimiento nigeriano es una señal de tendencia que conviene anticipar. Hay tres acciones concretas con bajo costo de arranque:
- Levantar un inventario mínimo de activos de datos críticos — al menos los que se comparten con otros organismos o que tienen obligaciones legales de reporte — y asignar un data steward nominal a cada uno, aunque sea con dedicación parcial.
- Documentar, aunque sea en una planilla, el flujo entre sistemas de origen y sistemas de consumo para los tres o cuatro procesos de datos más sensibles del organismo. Eso es data lineage básico, y habilita cualquier análisis de impacto posterior.
- Mapear qué normativa sectorial ya exige, implícitamente, capacidades de governance: BCRA Comunicación A 8073 en Argentina para entidades financieras, resoluciones de la ANPD en Brasil, o lineamientos del INAI en México. Muchos organismos tienen obligaciones de facto sin un programa formal que las sostenga.
La experiencia comparada —desde la estrategia de datos del gobierno del Reino Unido hasta iniciativas más recientes en Singapur y ahora Nigeria— muestra que los marcos de data governance en el sector público no surgen de la cultura organizacional espontánea. Requieren mandato explícito, roles formales y métricas de cumplimiento. Sin esos tres elementos, los programas se disuelven con el cambio de gestión.
El riesgo de no actuar
Cuando una agencia pública no tiene governance formal sobre sus datos, los problemas no aparecen en el día a día: aparecen cuando se necesita responder a una auditoría, cruzar bases con otro organismo, o —peor— cuando ocurre un incidente y no hay manera de determinar qué datos estaban en riesgo, quién era el responsable y cuál era la política de retención aplicable. En ese momento, la ausencia de data lineage y de ownership documentado se convierte en un problema legal, no solo operativo.
Nigeria acaba de poner el estándar sobre la mesa. La pregunta para los organismos públicos de la región no es si van a necesitar programas formales de data governance, sino cuánto van a esperar para construirlos.
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