Por Facundo Malaureille*
El karma, dicen, siempre llega. Y en el caso de Meta, está llegando desde los tribunales.
En apenas 48 horas, dos jurados estadounidenses emitieron veredictos históricos contra la empresa de Mark Zuckerberg. En Nuevo México, un jurado determinó que las plataformas de Meta no son seguras para los niños y que su diseño permitió activamente la explotación de menores, ordenando el pago de 375 millones de dólares en sanciones civiles. En California, otro jurado declaró a Meta y YouTube responsables por haber perjudicado deliberadamente a una joven —conocida como Kaley— mediante el diseño adictivo de sus plataformas, con una condena inicial de 6 millones de dólares que podría escalar hasta los 30 millones en daños punitivos. El veredicto californiano fue contundente: Meta y Google “actuaron con malicia, opresión o fraude”. No fue un accidente. Fue una decisión de negocio.
Como bien señaló Jonathan Haidt, autor de La generación ansiosa, estos fallos marcan un punto de inflexión: a partir de ahora, las empresas de redes sociales pueden ser juzgadas como cualquier otra compañía cuyas decisiones de diseño generan daño. Ya no hay escudo. Ya no hay impunidad automática.
Pero yo no me sorprendo. Lo vengo diciendo hace tiempo.
En julio de 2024, junto a mi colega Daniel Monastersky, presentamos una denuncia formal de 22 puntos ante la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) contra Meta Argentina. El motivo: la empresa había comenzado a usar los datos personales, fotos y publicaciones de millones de usuarios argentinos para entrenar su inteligencia artificial, sin pedir consentimiento, sin actualizar debidamente su política de privacidad, sin hacer el análisis de impacto que la ley exige. Los usuarios argentinos nos “desayunamos” un martes con un círculo azul en nuestras aplicaciones y con la noticia de que nuestros datos ya estaban siendo utilizados. Nadie nos preguntó.
Lo que hizo Meta en Argentina no fue un error técnico ni un descuido burocrático. Fue la misma lógica que ahora los tribunales estadounidenses están sancionando: una empresa que toma decisiones deliberadas que vulneran derechos, calculando que el costo de las consecuencias legales será menor que el beneficio obtenido. En Europa no pudieron hacerlo porque el RGPD lo impidió. En Brasil los frenaron. Pero en Argentina, donde la Ley 25.326 de protección de datos lleva más de dos décadas sin actualizarse, encontraron terreno fértil.
Los fallos de esta semana en Estados Unidos tienen una dimensión adicional que merece atención: un tribunal de Delaware resolvió que las aseguradoras de Meta no están obligadas a cubrir sus costos de defensa en los miles de juicios en curso, porque las acciones de la empresa fueron intencionales. Esto es devastador para Meta desde el punto de vista financiero, pero además confirma algo jurídicamente relevante: no estamos hablando de daños accidentales, sino de conductas deliberadas. El diseño adictivo no fue un efecto secundario no deseado; fue el producto.
Que el sistema judicial americano esté poniendo al día lo que los padres saben hace años —como dijo Haidt— es una buena noticia. Pero no alcanza con que lo resuelvan en Estados Unidos. Los niños y usuarios argentinos merecen la misma protección. Y para eso, necesitamos dos cosas urgentes: que la AAIP actúe con la firmeza que el momento exige, y que el Congreso Nacional actualice de una vez la legislación de protección de datos personales, cuya reforma lleva años trabada en Diputados.
La Argentina no puede seguir siendo el patio trasero donde las grandes tecnológicas hacen lo que no pueden hacer en otras jurisdicciones. Nuestros datos valen. Nuestra privacidad vale. Y los derechos digitales de nuestros hijos también.
El karma llegó a los tribunales de Los Ángeles y de Nuevo México. Que llegue también a Buenos Aires.
*Facundo Malaureille es abogado especialista en protección de datos personales, socio fundador de Data Governance Latam y co-director de la Diplomatura en Data Governance & Privacy de la Universidad Austral
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