La gobernanza de datos geoespaciales se instaló como tema central en la São Paulo Climate Week, en un debate organizado por la Fundação Getulio Vargas (FGV). El evento puso de relieve una brecha estructural que pocas organizaciones de la región abordan formalmente: los datos de localización, cobertura terrestre y movilidad climática carecen, en la mayoría de los casos, de ownership definido, linaje documentado y políticas de calidad aplicables a su ciclo de vida completo.
El encuentro reunió a referentes del sector público, academia y organizaciones de la sociedad civil para discutir cómo los datos geoespaciales —imágenes satelitales, registros de sensores remotos, capas de información territorial— se producen en volúmenes crecientes pero se gestionan con marcos de gobernanza rudimentarios o directamente inexistentes. La paradoja es conocida en la industria: cuanto más sofisticada la fuente del dato, más informal suele ser su administración interna.
El problema de fondo: datos sin dueño
En el lenguaje del DAMA-DMBOK, los datos geoespaciales representan un dominio de alta complejidad técnica con bajo nivel de madurez en stewardship —es decir, en la figura del data steward responsable de definir estándares, validar calidad y gestionar el acceso. A diferencia de los datos transaccionales o de clientes, los datasets geoespaciales suelen ser producidos por equipos de ingeniería o ciencia de datos sin una cadena clara de accountability hacia el negocio o la política pública. El resultado es que el dato existe, pero nadie puede responder con certeza de dónde viene, qué transformaciones sufrió ni si es apto para tomar decisiones de política climática.
El modelo de madurez DCAM (Data Management Capability Assessment Model) del EDM Council ubica la gestión de datos geoespaciales en las capabilities asociadas a data quality y data lineage. En organizaciones que trabajan con este tipo de activos —agencias ambientales, ministerios de infraestructura, fondos de inversión con criterios ESG— la ausencia de linaje documentado es un riesgo operativo y reputacional concreto, no un problema abstracto de arquitectura.
El contexto regulatorio presiona desde varios frentes
Brasil no es el único país de la región donde este debate se vuelve urgente. La Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) ya planteó, desde 2020, que los datos de geolocalización pueden constituir datos personales cuando permiten identificar o inferir el comportamiento de individuos. Eso significa que un dataset de movilidad poblacional usado para modelado climático puede, simultáneamente, estar sujeto a controles de gobernanza corporativa y a obligaciones de privacidad ante la Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). La intersección entre ambos marcos es territorio que pocas organizaciones brasileñas tienen mapeado formalmente.
En Argentina, la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y su autoridad de aplicación, la AAIP, también contemplan la geolocalización como dato sensible cuando se combina con perfiles de comportamiento. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de Perú y el DANE de Colombia gestionan enormes volúmenes de datos geoespaciales censales con marcos de gobernanza que, según referentes del sector, todavía operan por debajo de los estándares que exigiría una auditoría bajo ISO/IEC 38505 —el estándar internacional de gobernanza de datos para órganos directivos.
Qué puede hacer un CDO el lunes
Para un Chief Data Officer o Data Governance Manager cuya organización usa datos geoespaciales —aunque sea de forma periférica—, el debate de São Paulo ofrece una señal de acción concreta. El primer paso es inventariar qué datasets geoespaciales existen en la organización, quién los produjo, con qué frecuencia se actualizan y si tienen un data steward formalmente asignado. En la mayoría de los casos, ese inventario no existe o está desactualizado. Herramientas de data catalog con soporte para metadatos geoespaciales —como OpenMetadata o Collibra con conectores GIS— permiten iniciar ese relevamiento sin necesidad de un proyecto de transformación de largo plazo.
El segundo movimiento es evaluar si alguno de esos datasets cruza el umbral de dato personal bajo la regulación local aplicable. Si la organización opera en Brasil, la respuesta en muchos casos será afirmativa, lo que implica coordinar con el DPO (Data Protection Officer) para definir la base legal del tratamiento y documentar la evaluación de impacto correspondiente. No hacerlo es dejar un flanco abierto ante la ANPD en un contexto en que el regulador brasileño ha escalado su actividad de supervisión en los últimos doce meses.
Una ventana que no estará abierta siempre
El hecho de que la FGV lleve este debate a un evento de agenda climática internacional no es accidental. Los compromisos de descarbonización, reporte ESG y transparencia territorial que asumen gobiernos y empresas de la región dependen, en última instancia, de la calidad y trazabilidad de los datos geoespaciales que los sustentan. Si esos datos no tienen gobernanza, los compromisos tampoco la tienen.
La gobernanza de datos geoespaciales dejó de ser un nicho técnico: es la infraestructura invisible de la agenda climática en América Latina, y su ausencia tiene costos medibles.
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