Por Daniel Monastersky*
María trabaja en una fábrica textil del conurbano bonaerense. Hace ocho meses empezó a apostar en una plataforma que le apareció como anuncio mientras miraba un partido en su celular. Nunca leyó los términos y condiciones, nunca supo si el sitio estaba habilitado en la Argentina, y mucho menos imaginó que el dinero que transfería desde su billetera virtual terminaba en una cuenta que, técnicamente, ni siquiera podía rastrearse con claridad. Hoy debe el equivalente a tres sueldos y su historia, lamentablemente, no es un caso aislado. Es el retrato de miles de personas atrapadas en un circuito de apuestas online que operó durante años con una liviandad regulatoria alarmante.
Por eso, cuando el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció la puesta en marcha de un sistema de “perfiles de riesgo” para detectar cuentas vinculadas a fraudes y a juego ilegal —una medida instrumentada a través de la Comunicación “A” 8473—, no puedo más que aplaudirlo. Y lo hago con conocimiento de causa: llevo años insistiendo, desde el ámbito legislativo y normativo, desde los medios y desde mis propias cuentas de redes sociales, en que la Argentina necesita herramientas concretas para combatir este flagelo.
Un problema que crece a la sombra del sistema financiero
El juego y las apuestas online dejaron de ser un fenómeno marginal. Se expandieron de la mano de la bancarización digital, las billeteras virtuales y las transferencias inmediatas, que hicieron que depositar dinero en un sitio de apuestas —habilitado o no— sea tan sencillo como pagar un servicio. La contracara de esa comodidad es que el sistema de pagos se convirtió, sin quererlo, en la autopista por la que circula buena parte del dinero del juego clandestino.
Durante mucho tiempo, la respuesta regulatoria fue fragmentaria: provincias bloqueando dominios por su cuenta, denuncias penales aisladas, un ente u otro tomando cartas de manera reactiva. Faltaba una mirada sistémica, la que hoy empieza a construir el propio Banco Central.
Qué cambia con la Comunicación “A” 8473
La norma dispone que el BCRA elaborará, con información pública, un indicador de riesgo por persona y lo pondrá a disposición —sin costo— de los administradores de transferencias inmediatas, quienes deberán distribuirlo entre bancos y proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago (las billeteras virtuales, básicamente).
Ese perfil de riesgo podrá usarse en tres momentos clave: al monitorear transferencias en curso, al dar de alta a un nuevo cliente y durante las revisiones periódicas que exigen las normas de “conozca a su cliente” (KYC). La idea de fondo es simple y potente: si una cuenta empieza a mostrar patrones transaccionales inusuales —por ejemplo, funcionar como puente hacia otras cuentas asociadas a juego ilegal—, el sistema financiero debería poder advertirlo antes, y no después de que el daño ya esté hecho.
Es una medida gradual, todavía sin cronograma público ni detalle sobre qué bases de datos se integrarán, pero marca una dirección correcta: usar la infraestructura de pagos para cortar el financiamiento del juego clandestino, en lugar de perseguir sitio por sitio en una carrera que nunca se gana.
El punto ciego que la norma no resuelve
Ahora bien, atacar el flujo de dinero es necesario, pero incompleto. El juego ilegal no capta usuarios por casualidad: los capta a través de una maquinaria publicitaria extraordinariamente agresiva, que satura las transmisiones deportivas, las redes sociales y el contenido de los influencers más seguidos por adolescentes y jóvenes. Se puede blindar el sistema de pagos, pero si la publicidad sigue empujando a nuevos usuarios hacia esas plataformas —legales e ilegales por igual—, estamos secando un río sin cerrar la canilla.
Esa es, precisamente, la razón por la que impulsé en el Congreso un proyecto que hasta hoy no logró el tratamiento que merece: la prohibición de la publicidad y promoción, directa o indirecta, de sitios y aplicaciones de apuestas, resultados deportivos, casinos online y actividades relacionadas. La propuesta no se limita a los anuncios tradicionales: alcanza expresamente a la utilización de influencers y a cualquier otra forma de marketing encubierto, que es, hoy por hoy, el canal más efectivo —y menos regulado— para captar a un público joven y vulnerable.
Una vidriera de lujo: camisetas, canchas y caras conocidas
Y acá es donde el problema deja de ser abstracto y se vuelve un dato que cualquiera puede comprobar prendiendo la televisión un domingo. De los treinta equipos que compiten en la Primera División del fútbol argentino, alrededor de nueve o diez llevan el logo de una casa de apuestas o un casino online como sponsor principal en el pecho de la camiseta: Boca con Betsson, River con Betano, Independiente con Sportsbet, Racing también con Betsson, San Lorenzo con un casino online, Rosario Central y Newell’s con la misma marca, Argentinos Juniors, Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima de La Plata completan la lista. Son contratos millonarios —el de Boca con Betsson ronda los 7,5 millones de dólares anuales hasta 2028— y a esa vidriera se sumó, de cara al Mundial 2026, el propio seleccionado nacional, con Betano como nuevo sponsor de la AFA.
El fenómeno no se agota en las camisetas. Se completa con un ejército de caras conocidas —actrices, actores, conductores, conductoras, cantantes, streamers e influencers con millones de seguidores— que promocionan sitios de apuestas en sus redes sociales, muchas veces sin aclarar que se trata de plataformas que ni siquiera cuentan con habilitación en el país. Decenas de figuras públicas fueron denunciadas en los últimos dos años por este motivo; algunas terminaron imputadas por infracción al artículo 301 bis del Código Penal, que sanciona la promoción y captación de apostadores para sitios de juego clandestino, y debieron grabar videos de “reparación del daño” advirtiendo sobre los riesgos de la ludopatía. Solo en la Ciudad de Buenos Aires se denunció a más de ochenta influencers desde 2023.
En medio de ese paisaje, hay un caso que merece destacarse porque demuestra que no hacía falta esperar ninguna ley para tomar una decisión responsable: Vélez Sarsfield. El club de Liniers tenía desde 2021 un contrato de patrocinio con BPlay, una de las casas de apuestas online con mayor presencia en el fútbol argentino. En 2024, la nueva dirigencia —que había heredado ese acuerdo de la gestión anterior— decidió lisa y llanamente no renovarlo. El entonces vicepresidente del club, Augusto Costa, fue claro: el patrocinio no se alineaba con los valores históricos ni con el rol social de la institución, y desde el club se optó por reforzar, en cambio, programas de concientización sobre los riesgos del juego en las divisiones inferiores. La Cámara de Diputados, con el respaldo de legisladores de prácticamente todo el arco político, aprobó una declaración felicitando a Vélez por esa decisión.
Lo notable es que Vélez tomó esa determinación en medio de una crisis financiera que golpea a buena parte de los clubes argentinos, y renunciando conscientemente a un ingreso en dólares en un contexto de altísima volatilidad cambiaria. Es, hasta la fecha, el único caso de un club “grande” que le dio la espalda a este tipo de patrocinio en lugar de sumarse a la tendencia. Ojalá sea el primero de muchos, y no una anécdota aislada que la propia industria del juego se encargue de hacer olvidar.
Ahora bien: aunque suelo poner el foco en la palabra “ilegal” —y es cierto que la gran mayoría de esas promociones apuntan a sitios que operan sin ningún tipo de habilitación—, sería un error quedarnos tranquilos con los que sí tienen licencia provincial. El efecto sobre una persona con problemas de juego, sobre un adolescente que ve el logo de una casa de apuestas en la camiseta de su ídolo cada fin de semana, o sobre una familia que ve cómo uno de sus miembros cae en la ludopatía, es exactamente el mismo, tenga el operador ficha verde o roja ante el Estado. La legalidad de la fuente no vuelve inocuo el mensaje ni el mecanismo de captación: la exposición masiva, sostenida y naturalizada al juego es, en sí misma, el problema de salud pública. Por eso mi proyecto no distingue entre plataformas habilitadas y clandestinas: apunta a la publicidad y a la promoción como tales, sin excepciones.
Esto hay que cortarlo de raíz. Y lo digo sabiendo lo que implica decirlo: quienes venimos insistiendo desde hace años con este cambio radical no lo hicimos sin costo. Recibimos presiones, de todo tipo y desde distintos frentes, precisamente porque hay demasiado dinero en juego —nunca mejor dicho— para que este debate avance con la velocidad que la salud pública exige. Pero eso no cambia el diagnóstico: mientras la publicidad de apuestas siga siendo un negocio más rentable que la prevención, cada nueva Comunicación del BCRA correrá de atrás a un problema que se sigue fabricando, todos los fines de semana, delante de nuestros ojos.
Governance del dato, governance del daño
Como profesional que trabaja todos los días con protección de datos y gobernanza de la información, veo en la Comunicación “A” 8473 un ejemplo de cómo el buen uso de la información pública puede convertirse en una herramienta de protección social, siempre que se resguarde con el “tratamiento confidencial y responsable” que el propio BCRA promete. Pero también veo, con la misma claridad, que ninguna arquitectura de datos alcanza si no hay una política integral que ataque el problema en sus tres frentes: la captación publicitaria, la habilitación de los operadores y la trazabilidad del dinero.
Un llamado a completar el círculo
Celebro esta iniciativa del Banco Central y espero que sea el primer eslabón de una cadena regulatoria más completa. Pero la deuda pendiente sigue estando en el Congreso. Mientras la publicidad de apuestas siga circulando sin restricciones, cada perfil de riesgo que el sistema financiero logre detectar llegará, muchas veces, demasiado tarde: cuando la persona ya cayó en la trampa y la próxima “María” ya está mirando un anuncio en su celular.
Es momento de que el Poder Legislativo le dé al proyecto de prohibición de publicidad de apuestas el debate que se merece. El juego ilegal no se combate solo desde el sistema de pagos: se combate cerrándole todas las puertas de entrada.
*Daniel Monastersky es abogado especializado en privacidad y protección de datos, fundador y CEO de Data Governance Latam, director del CECyD en la Universidad Austral y host del podcast HumanOS en Infobae.
