Por Daniel Monastersky – socio en www.datagovernancelatam.com
Durante años lo escuchamos el rumor en reuniones familiares: «estos dispositivos nos están escuchando todo el tiempo». Comentabas algo cerca de tu celular y minutos después aparecía publicidad relacionada. Todos sospechábamos, pero las empresas tecnológicas lo negaban categóricamente, tildando estas preocupaciones de teorías conspirativas. Hasta ahora.
El acuerdo judicial de $9 millones que Google acaba de firmar con 49 estados estadounidenses confirma lo que millones intuíamos: entre 2019 y 2022, Google Assistant grabó y almacenó conversaciones sin que los usuarios activaran deliberadamente el servicio. Sin «Hey Google», sin consentimiento, sin límites. Terceros contratados escucharon consultas médicas confidenciales, conversaciones con menores, momentos íntimos que jamás debieron salir del ámbito privado.
La multa de $9 millones es la nada misma para un gigante que factura cientos de miles de millones anuales. Es admitir la vigilancia masiva pagando el equivalente a una multa de tránsito corporativa. Para dimensionarlo: Google ingresó $307 mil millones solo en 2023. Esta sanción representa el 0.003% de esa cifra. Menos que las propinas corporativas de fin de año.
El negocio de violar la privacidad
Este caso expone la distancia abismal entre el discurso sobre privacidad y la realidad operativa de la industria tecnológica. Mientras las empresas publican extensas políticas de privacidad diseñadas para no ser leídas, construyen infraestructuras de vigilancia masiva justificadas como «mejoras en la experiencia del usuario».
La verdad incómoda es que para Google y sus competidores, estos acuerdos judiciales son solo costos operativos predecibles. El modelo de negocio depende fundamentalmente de la recolección masiva de datos personales. Las multas millonarias suenan impresionantes en titulares, pero no modifican conductas corporativas cuando representan fracciones insignificantes de las ganancias generadas precisamente por las prácticas sancionadas.
La brecha regulatoria argentina
En Argentina enfrentamos esta realidad con herramientas legislativas obsoletas. La Ley 25.326 cumplió más de dos décadas sin actualizaciones sustanciales para enfrentar tecnologías de reconocimiento de voz, procesamiento de lenguaje natural e inteligencia artificial. Mientras Europa impone sanciones del 4% de facturación global bajo GDPR, nuestra AAIP opera con presupuestos limitados y sanciones que no alcanzan a inquietar a ninguna corporación multinacional.
Necesitamos urgentemente regulación específica sobre dispositivos de escucha permanente, auditorías obligatorias de sistemas de IA y sanciones realmente disuasivas. El mito urbano era real. La pregunta ahora es: ¿cuánto más están escuchando sin decirnos?
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